Estados Unidos anunció que el próximo 24 de noviembre designará oficialmente al Cártel de los Soles de Venezuela como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una decisión que representa el mayor incremento de presión contra Nicolás Maduro desde el inicio de su mandato.
La medida, confirmada por el Departamento de Estado, supone un giro decisivo en la postura de Washington y es interpretada por analistas y actores políticos venezolanos como un ultimátum directo al líder chavista, considerado por la administración estadounidense como responsable de actividades criminales transnacionales.
La decisión se produce en un contexto de máxima tensión militar, con el despliegue en el Caribe de la mayor fuerza de tarea estadounidense vista en décadas, encabezada por el portaaviones USS Gerald R. Ford, aeronaves F/A-18E/F Super Hornet y bombarderos estratégicos B-52, en apoyo a las operaciones del Comando Sur para combatir el tráfico ilícito y reforzar la seguridad hemisférica.
Un cartel incrustado en la estructura del poder venezolano
Según el comunicado oficial, el Cártel de los Soles —que Washington afirma está liderado por Maduro y altos miembros de su cúpula— opera dentro de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el sistema judicial y el poder legislativo venezolano, manteniendo además alianzas operativas con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la red ha facilitado el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, alimentado la violencia en la región y financiado el aparato represivo del régimen venezolano.
La designación implicaría que Maduro, junto con figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, pase a ser catalogado formalmente como terrorista internacional, lo que abriría la puerta a sanciones más severas, procesos judiciales expeditos y acciones operativas bajo estándares antiterroristas.
Washington advierte que usará “todas las herramientas disponibles”
“El régimen ilegítimo de Maduro no representa al gobierno legítimo de Venezuela”, afirmó el Departamento de Estado, al señalar que Estados Unidos continuará empleando todas las herramientas diplomáticas, económicas y legales para cortar las fuentes de financiamiento de lo que calificó como “narcoterroristas”.
Funcionarios estadounidenses han señalado que esta designación es el paso más agresivo hasta ahora y podría marcar el punto previo a una acción más contundente contra el régimen, en un momento en el que varios legisladores estadounidenses ya han discutido públicamente la opción del uso de fuerza dentro del territorio venezolano.
La decisión del 24 de noviembre es vista, en círculos diplomáticos, como un plazo definitivo para que Maduro negocie una salida política antes de enfrentar medidas de mayor impacto en el plano militar, judicial y financiero.
